miércoles, 18 de noviembre de 2009

PROCESO SEGUIDO PARA LA COMPRA DE JUNCALILLO

- Septiembre 2007. El pleno del Ayuntamiento de SBT, siendo alcaldesa Conchi Narváez, aprueba una moción por la que se insta al Ministerio de Medio Ambiente a adquirir el espacio de Juncalillo.


- Marzo 2008. Según noticias de la prensa, el Cabildo anuncia la compra, tras ocho meses de negociaciones llevadas a cabo por el presidente del Cabildo, el señor Pérez.

- Junio de 2008. Se publica en el Canarias7 que el Estado quiere comprar Juncalillo por 10´7 millones de euros, a 7 € el m2 utilizando fondos europeos. En el mismo artículo se informa que el Cabildo pretendía comprar Güi Güi, pagando solo 40 céntimos por m2, a pesar de que había un proyecto para declarar este espacio parque nacional. Su dueño pretendía que el cabildo le pagara entre 3 y 4 € el m2 , hecho por el cual es muy criticada la intención de la compra y La Provincia publica un artículo en el que lo califica de “intento de pelotazo”.
Por contra, sobre la compra de Juncalillo, nadie pone el grito en el cielo y el hecho pasa desapercibido. Solamente se oponen el CAV y Ben Magec por medio de su representante Antonio Hernández, que dice que “el Cabildo debería aclarar qué pasó con Juncalillo del Sur, cuáles fueron las tasaciones que se hicieron, tanto por organismos dependientes e independientes".

- Julio de 2008 decisión del Consejo de Ministros de, en la que se acordó declarar estos terrenos de utilidad pública e iniciar los trámites legales para la expropiación forzosa.
-Octubre 2008. Expediente de expropiación forzosa iniciado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Los propietarios de Juncalillo, eran la familia del Castillo, el Condado, dueños a su vez de la mayoría de los terrenos de la comarca. La familia también es dueña de la empresa Elmasa, que es a la cual la SIEP ha adjudicado la depuradora y el emisario de la Macro Cárcel.

El Condado tenía también la propiedad de los terrenos, de un tamaño de 65 campos de fútbol, destinados ahora a macro cárcel y que en los años 80 compró el Gobierno de Canarias para ser destinado a cooperativas de tomates y según nos han informado, el Condado legalmente tendría la primera opción de compra en caso de venta de la parcela por parte del Gobierno de Canarias.

La mayoría de los terrenos que circundan a la Macro Cárcel, son también del Condado y en un futuro próximo con toda seguridad van a verse muy revalorizados.

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