martes, 1 de julio de 2008

LOS VECINOS DETIENEN HOY TRABAJOS DE VALLADO DE LA OBRA DE LA MACRO CÁRCEL

Sobre las 11 de la mañana de hoy, la empresa Hermanos Tito, empezó a realizar trabajos de vallado de la finca donde se hacen las obras ilegales de la Macro Cárcel. Los vecinos que se encontraban de guardia se dirigieron a la Policía Nacional solicitándole que pidieran los permisos o si no que detuvieran los trabajos.

Los vecinos llamaron igualmente a la Policía Local, que se presentó y levantó acta, constatándose de que carecían de dichos permisos y advirtiendo dicha Policía a los trabajadores, de que no continuaran con los trabajos, siendo responsabilidad de la empresa si ocurría algo grave.

Posteriormente, cuando ya se había ido la Policía Local y sobre la 1 de la tarde, los trabajadores de la empresa se dirigieron de nuevo al trabajo, acompañados, esta vez de muchos más efectivos de la Policía Nacional y de un nuevo mando policial que los vecinos vieron hoy por primera vez en la obra. Este se dirigió a los vecinos que estaban en la zona de obras pidiéndoles que desalojaran o en caso contrario comenzaría a solicitarles la identificación y quien no lo hiciera iría detenido. Amenazó con que quien parara las obras tendría que indemnizar por daños o perjuicios a la empresa.

En este momento los vecinos según la consigna dada dieron aviso al pueblo convocándose por las calles por medio de pitas de los coches, como se tiene acordado, y se concentraron unos 200 vecinos.

Mientras tanto, los que estaban de guardia se habían dirigido al responsable policial, expresándoles de que cuando llegaran con el permiso de obra en ese momento se irían y mientras tanto permanecerían allí. Debido a esto, el mando hablo con los encargados de la obra que observando la situación y alteración de los vecinos optaron por desistir en los trabajos.

El Consejo quiere expresar su rechazo por la actitud de la empresa en persistir con los trabajos, y en la actitud de este mando policial, sabiendo que anteriormente la Policía Local había levantado acta de que se carecía de permisos. Con estas actitudes se soliviantan a los vecinos, que cada vez están mas indignados, sobre todo la las personas mayores jubiladas que son las que se encuentran a esas horas de la mañana, y que en cualquier momento puede ocurrir alguna desgracia. Por ello el Consejo pide por enésima vez al Ayuntamiento que se precinten ya, las obras ilegales.

Los vecinos han presentado posteriormente una denuncia en el juzgado contra la SIEP, la empresa Hermanos Tito y contra la Policía Nacional por todos los hechos comentados.

Noticias relacionadas

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Para conocimiento de personas que hayan sido denunciadas por coacciones. El Código penal sólo habla de las coacciones entiendo que respecto al apartado 1. Y ahí dice claramente que cometen coacciones los que con violencia impidan que otros hagan algo que es legal. Eso entiendo yo. Y Udes.? Por lo demás se habla de otro tipo de coacciones. Y todo lo que no está escrito en la ley, no se puede aplicar.
Por otro lado, he de decir que la vigilancia pacífica, sin violencia no es delito, que requerir a la policía para que actúe contra las ilegalidades, es un derecho, y que en este caso, es más la provocación de una empresa (poner vehículos en marcha temprano por la mañana) que pueden llevar a generar graves desórdenes públicos es incitar a la violencia, Asimismo no se puede sancionar a las personas por 2 vías, es decir no se puedo denunciar en el Juzgado, y en caso de que se absuelva al procesado, además intentar multarle a través de la Delegación del Gobierno, ni se puede sancionar antes de tener una sentencia firme judicial.

SALUDOS, USTEDES LOS VECINOS SI QUE ESTÁN DEMOSTRANDO QUE TIENEN UN GRAN VALOR. Y yo desde la retaguardia, sólo intentaré informar sobre lo que conozco.


CAPÍTULO III.
DE LAS COACCIONES.
Artículo 172.

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez oTribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

Anónimo dijo...

Señores Castillo del Romeral y Juan Grande, es hora de recoger firmas, y hablar con ZP. Necesitamos 15.000 firmas. A por ellos.

Anónimo dijo...

¡¡¡¡¡¡PODEMOS SI¡¡¡¡¡¡¡

Anónimo dijo...

señores esto es como la seleccion española juntos podemos y con la ayuda de nuestro municipio bamos a lograr que todo se termine de una puta vez bamos ber señores que somos el munisipio mas grande de la isla coño hay que consegir las 15.000 firmas joder que hay pa eso pa mucho mas benga ombre !!!!!!podemos¡¡¡¡¡¡

Anónimo dijo...

DONDE HAY K FIRMAR!!

Cristian Gutierrez dijo...

¿Dónde hay que firmar?

Vamos a hablar con ZP, que algo nos ayudará no?

PODEEEEEEMOSSSSSSS

Chuchango Verde dijo...

La Asociación Chuchango Verde rechaza la construcción de una macro cárcel en Gran Canaria.
La aprobación del Plan de Centros Penitenciarios del Consejo de Ministros del viernes 18 de noviembre de 2005, a partir del cual se decide construir una macro cárcel en Gran Canaria, lejos de solucionar el actual problema de hacinamiento que sufre la prisión de Salto del Negro, es una apuesta por políticas manifiestamente contrarias a la reinserción de la persona penada. Baste comprobar el diagnóstico de las personas habitantes de las citadas instalaciones, para comprobar que no se necesitan más cárceles, sino más medidas alternativas. Esta idea, queda reforzada por el escaso éxito de las cárceles para frenar la delincuencia y por consiguiente lograr una efectiva reinserción. El coste económico de las mismas supera el triple que el de un centro alternativo como veremos más tarde.
Tanto las cárceles canarias como las del resto del estado, están repletas de presos enfermos, el 80% son drogodependientes, 1 de cada 3 sufre Hepatitis C, y el 15% tiene VIH. El número de enfermos mentales en prisión es elevado, y en aumento desde la puesta en marcha de los juicios rápidos que dificultan su detección. Las infracciones origen de las condenas se deben mayoritariamente a pequeños delitos contra la propiedad, a fin de sufragar la drogadicción. El 70% de los que reinciden -a la que se va convirtiendo en su segunda casa- se debe a delitos contra la propiedad. El 14% se debe a delitos relacionados con el tráfico de drogas. La tasa de delincuencia grave es mínima. Los robos con violencia e intimidación y los delitos contra la libertad sexual no suponen ni el 5% del total, y los homicidios no llegan al 2% de los mismos.
Los resultados de la actual política penitenciaria hablan por sí solos. El fracaso del actual sistema de macro cárceles es estrepitoso, el 73% de los actuales presos han sido condenados con anterioridad. De los excarcelados el 49% vuelven a prisión en un corto periodo de tiempo, en menos de tres años.
Así pues, ante este panorama de una población penitenciaria mayoritariamente enferma, que comete delitos de leve peligrosidad y que no logra su reinserción en el actual modelo, no queda sino proponer un debate serio, a fin de introducir una nueva política penitenciaria, que se sustente en la prevención, y en atención/subsanación de las causas origen de la delincuencia, que no son sino la exclusión social de que proceden y a donde se reintegran una vez extinguida la condena, así como la creación de centros alternativos de atención al drogodependiente, enfermo mental y discapacitado intelectual, a fin de lograr el fin de la delincuencia y una efectiva reinserción. Todo ello acompañado de una nueva política de drogas que debata su legalización y ponga fin a la criminalización de los drogodependientes.
El interés social es evidente, y el económico claro, véase la diferencia espectacular entre los costes que genera al Estado de una persona que se encuentra en prisión a otra que está en una Comunidad Terapéutica.
La cantidad destinada a la política penitenciaria se distribuye aproximadamente:
- 86.82% a instalaciones, administración y vigilancia.

- 13.16% a programas de rehabilitación y reinserción

- Cantidad anual que cuesta al Estado la plaza de persona presa en un centro penitenciario: 12.659,60 €...

- Cantidad anual que cuesta cada nueva plaza en una macro cárcel: 32.850 €, es decir, más de 5 millones de ptas.

- Por día en macro cárcel 90 €

- Por día en un programa de rehabilitación 18 €
Así pues, rehabilitar a todos los presos con problemas de drogadicción costaría anualmente en España unos 309.310.879 €, entre programas de rehabilitación y comunidades terapéuticas. Mientras que el coste anual que representan las personas presas al Estado oscila en torno a los 973.639.609 €. Por ello, debería destinarse el dinero previsto en centros de esta naturaleza y no en incrementar los Centros Penitenciarios.
Por otro lado, la extensión de la utilización de medios telemáticos, con las adecuadas garantías para no vulnerar los derechos de los presos, puede ser un medio útil para evitar el actual hacinamiento en las prisiones.
Por eso desde la Asociación Sociocultural Chuchango Verde, queremos mostrar a la sociedad, a sus instituciones y a los partidos políticos nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir una macro cárcel en la isla de Gran Canaria, tal y como tiene aprobado y proyectado el actual Gobierno del estado.
El rotundo rechazo a la construcción de un centro de este tipo en nuestra tierra responde entre otros, a los siguientes motivos:
1. Los planes del actual gobierno en materia de ejecución penal, según sus propias declaraciones son muy claros: finalizar las macro-cárceles que están construyendo por todo el estado. El costo de construcción de cada centro asciende a casi 100 millones de euros y el tamaño medio de los centros que se propone es de más de 1.000 plazas. En el caso de Gran Canaria, ya se ha decidido su ubicación en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con los siguientes datos:
Superficie parcela:
-
Superficie construida:
-
Superficie ocupada:
-
Número de plantas:
4
Celdas:
1008
Capacidad complementaria:
206
Ingresos:
72
Régimen cerrado:
50
Enfermería:
64


2. Estos planes, no hacen sino asentar la apuesta por un modelo de ejecución penal fundamentado en convertir el encarcelamiento de personas en un negocio que va desde la construcción de las infraestructuras, hasta la gestión y administración de los centros. Ni que decir tiene cuales son las consecuencias en las prisiones: incremento del número de personas presas y reproducción de las condiciones de encarcelamiento que traen consigo el hacinamiento, la enfermedad mental, violencia, muertes, suicidios, etcétera.
3. Existen múltiples medidas que ahora mismo contribuirían a desarrollar políticas alternativas destinadas a la modernización de las respuestas frente al delito, y a la erradicación de la situación infrahumana e ilegal que viven las personas encarceladas y sus familiares. Estas propuestas, al contrario que la cárcel, son una garantía de protección de la ciudadanía, en la mayoría de los casos implican escasas o nulas modificaciones legales, y siempre, unos costos económicos infinitamente menores a los miles de millones destinados en la actualidad a crear más macro cárceles.
4. Consideramos que además del importante reto de fondo: desarrollar a medio y largo plazo alternativas a la pena privativa de libertad experimentadas en otros países, para lo cual habrá de abrirse un profundo debate social y político sobre la despenalización, y un trabajo de investigación, experimentación y creación de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de justicia alternativas a la "justicia penal": arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario, servicios asistenciales, entre otros.
5. Para ello resulta imprescindible la paralización inmediata de los planes de edificación de macro cárceles porque no son necesarios más depósitos de personas abandonadas, sino el desarrollo de un sistema de prevención y lucha contra el delito alternativo al negocio del encarcelamiento de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, un negocio subvencionado con dinero público, del que se benefician empresas privadas y particulares, y que tan solo contribuye a reproducir la inseguridad ciudadana.
6. No existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas (número, tipo, formas de cumplimiento) ni a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, ni de Gran Canaria en particular que fundamenten la pertinencia de este proyecto y, se ha utilizado mediáticamente el argumento de que las cárceles de Salto del Negro y Tahiche están en condiciones deplorables no por una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de nuevas cárceles.
7. El actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política, no existiendo un debate político participativo sobre qué modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía y no desde los intereses particulares del estado y de sus aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que hemos de articular para la prevención y tratamiento del delito.
Por todas estas razones rechazamos estos proyectos e instamos a todas las instituciones implicadas a que se pronuncien explícitamente en contra de la construcción de “Centros tipo” en Canarias como los planteados en la isla de Gran Canaria y la apertura de un debate sobre el modelo penitenciario en el archipiélago.
El debate está abierto y una de las actividades principales que desde el Chuchango verde queremos continuar impulsando y ampliando es la de alimentar, profundizar y extender esta vital discusión que no dudamos será un factor para romper, o al menos alterar, la inercia con la que se viene imponiendo un modelo único de ejecución penal que no deja de ser continuista, ineficaz y perverso en el sentido de estar sustentado en una contradicción endémica entre los objetivos confesados sobre el papel que supuestamente cumple el actual sistema de justicia criminal en la lucha contra el delito, y sus efectos reales que nada tienen que ver con su misión declarada.


Visita www.chuchangoverde.com