CONSEJO VECINOS CASTILLO: ACOSO ENÉRGETICO

-----------------------------------Vista de la Central Térmica desde Juncalillo.

ANTONIO MORALES MÉNDEZ

Alcalde de Agüimes.

Sucedió el 28 de noviembre de 2005 tras la llegada a Tenerife de la tormenta tropical Delta que produjo, entre otras cosas, un prolongado apagón energético en esa isla. Volvió a pasar el 29 de marzo de 2009 cuando unas fuertes lluvias echaron abajo el sistema eléctrico tinerfeño provocando igualmente un corte de muchas horas en el suministro y se ha vuelto a reproducir la situación en dos ocasiones en las últimas semanas (16 de febrero y 1 de marzo) cuando unas goteras y una avería en un interruptor propició un cero energético repetido y significativo en la misma isla. Como en todas las ocasiones, tras la interrupción gravísima del suministro de energía a miles de ciudadanos, nos viene el tsunami de acusaciones, reproches y amenazas para forzar la introducción del pelotazo del gas, la necesidad de nuevas centrales y el vaciado de competencias a las administraciones para así culminar el proceso de privatizaciones del sector público, iniciado por José María Aznar, que ha propiciado la mayor de las especulaciones en un sector tan estratégico para un país como es el de la energía.

Aunque en la primera semana de marzo ya escribí sobre este tema en este medio de comunicación, la cadena de acontecimientos que se han sucedido en las últimas fechas me anima a volver a insistir en un asunto que entiendo de singular trascendencia para el futuro de Canarias.

La realidad más dura es que desde el 2005 para acá la situación sigue siendo la misma y con los mismos protagonistas; sigue siendo la misma la desidia en la falta de mantenimiento de las instalaciones y sigue siendo la misma la incapacidad de los responsables públicos para realizar una eficiente inspección y un eficaz control de la gestión de la empresa encargada de generar y suministrar la energía.

Mientras el consejero de Industria del Gobierno de Canarias anuncia sanciones por considerar que los apagones se deben a una negligencia en el sistema de protección de las centrales (en estos dos últimos casos y en el de 2009), el presidente Paulino Rivero se reúne apresuradamente con los responsables de Red Eléctrica y Unelco-Endesa para obligarles a realizar inversiones urgentes e importantes en el sistema eléctrico insular. Desde luego, todo parece responder a una pactada puesta en escena mediática, que trasluce una irresponsable improvisación. ¿Por qué se exigen ahora estas inversiones y no se obligó a hacerlas en el 2005 o en el 2009? ¿Acaso en aquellas fechas no se puso también el grito en el cielo, se demandaron inversiones y se amenazó con sanciones quedando todo en agua de borrajas? Claro que, en medio de todo esto, nos enteramos de que el Gobierno de este archipiélago lleva tres años de retraso en la exigencia de que Unelco y Red Eléctrica se pongan de acuerdo en el traspaso de las redes de alta y media tensión que le corresponde gestionar a la empresa que dirige el ex ministro Luis Atienza, por lo que andamos en un limbo de indefiniciones que produce un claro abandono de las obligaciones del mantenimiento de las infraestructuras y la ejecución de otras nuevas.

Y claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los que deberían estar pidiendo perdón al conjunto de la ciudadanía y mostrar atisbos de vergüenza por las negligencias cometidas, sacan pecho y empiezan a acusar a los ciudadanos y a las administraciones públicas de sus deficiencias y aprovechan para dar una vuelta de tuerca a las presiones para la construcción de nuevas centrales y para la introducción del gas, que es lo que realmente les interesa y lo que realmente les aporta dividendos. Por cierto ¿cuáles son las pegas para que no se haya puesto fin a la central de Jinámar, de las más obsoletas y contaminantes? ¿Cuáles son las razones por las que se justifica que no se haya construido la subestación del polígono industrial de Arinaga que se viene reclamando desde hace años por el Ayuntamiento de Agüimes y los empresarios de la zona y que tiene paralizada, entre otras cosas, la instalación de plantas fotovoltaicas? ¿No dicen que los ayuntamientos no quieren subestaciones?

Y en todo este proceso de acusaciones, de sostenella y no enmendalla, no he oído a ninguno de los protagonistas hacer siquiera una reflexión sobre la posibilidad de introducir en esta tierra el nuevo modelo energético que demanda gran parte de la sociedad. No les he oído hablar de implantar urgentemente un plan de eficiencia y ahorro. Se trata de insistir e insistir en mantener el status y en reproducir viejos esquemas caducos, altamente contaminantes, que hipotecan nuestro futuro. ¿Realmente se necesitan más mega centrales o se hace necesario avanzar en una propuesta alternativa como la que apuntaba en estos días Feliciano García, catedrático de la ULL, investigador de INGEMAR/ULL y secretario del comité científico PLOCAN? En una carta abierta dirigida a Paulino Rivero este científico afirma que es inconcebible que en los albores del siglo XXI y conocidos los efectos negativos de los combustibles fósiles para la capa de ozono y el cambio climático se sigan proyectando y construyendo en Canarias centrales térmicas fósiles (…) y no se apueste de forma definitiva por la energía marina offshore (eólica, olas, solar intensiva) y minihidráulicas y además no se luche, frente a las grandes centrales y grandes redes de distribuciones y transporte, por la generación distribuida, es decir por la producción energética en puntos cercanos al consumo.

Es lo mismo que ha venido pidiendo el profesor de la ULPGC Roque Calero una y otra vez: la necesidad de la eficiencia de las transformaciones energéticas para lo que, entre otras cosas (centrales hidráulicas, uso masivo de las renovables…) propone centrales pequeñas y flexibles porque actúan como freno al incremento de la demanda y se acoplan mejor a las variaciones de las energías renovables, mientras que las grandes centrales, muy rígidas, tienden a impulsar el consumo energético y a marginar a las energías limpias.

Informes y estadísticas como la de British Petroleum nos hablan de que las reservas de los combustibles tradicionales, al ritmo de consumo actual, sin tener en cuenta el desarrollo y por tanto un mayor consumo de los países emergentes como China o India, son de 40 años para el petróleo, 60 años para el gas y entre 30 y 60 años para el uranio. Mientras nuestra Administración autonómica es incapaz de ofertar un modelo alternativo y el monopolio eléctrico de facto que padecemos insiste en imponernos un sistema caduco y altamente contaminante, no dejan de surgir voceros que claman por la implantación del gas, aprovechando la situación de incertidumbre que estos interlocutores devaluados generan. Así he podido leer en estos días que el hospital Doctor Negrín no puede poner en marcha su lavandería porque no funcionaría sin una estación de ciclo combinado (gas/fuel), cuando el gas sólo se prevé para suministrar a la planta de El Matorral para la generación de energía. Así aparecen otras voces que se unen a las de los gascanes oficiales demandando la llegada del gas. Es el caso de Pedro Ortega, el presidente de Asinca, que ha afirmado en estos últimos días, sin ningún tipo de pudor, que el gas nos permitiría un ahorro de unos 300 millones de euros y que un cambio en el sistema tarifario nos podría causar un sobrecoste de 700 millones. Desconoce el señor presidente de Asinca, o a lo mejor no, que los precios del gas y del petróleo están referenciados y que en los próximos meses vamos a asistir a un fuerte incremento de su precio, lo que reafirmará el poder del peligroso cártel conformado por Rusia y Argelia que jugará de nuevo con el precio del gas y con la seguridad del suministro. Y desconoce ¿o no? como ha apuntado recientemente Antonio González Vieitez que, de acuerdo con el REF canario, el sobrecoste que origina la insularidad sobre la producción eléctrica, se compensa con cargo a los Presupuestos del Estado. Pero es que, además, el Cluster Ricam, entre cuyos socios se encuentran las patronales canarias del metal Femepa y Femete, acaba de denunciar que generar energía en Canarias con combustibles fósiles cuesta al año entre 700 y 800 millones más que en la península y que si se utilizara la energía eólica los costes se reducirían a la mitad. ¿Por qué no demanda entonces Asinca energía eólica, fotovoltaica, etc.? ¿No les interesaría acaso esto también a sus asociados?

Qué bueno que por estas fechas haya estado en Canarias y se haya reunido con Paulino Rivero el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Vélez, para arrojarnos a la cara el dato escalofriante de que Canarias ha dejado de invertir alrededor de unos 10.000 millones de euros en energías renovables debido a un sinfín de trabas administrativas en las que no entró en detalles, aunque todos sabemos que se debe a la corrupción que obligó a paralizar el concurso eólico, a errores en el proceso que forzaron a una nueva paralización y por último a la adjudicación de un concurso que no permitirá instalar un nuevo aerogenerador porque lo impide la Ley de Medidas Urgentes y lo impide, entre otras cosas, el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria. Llevamos doce años sin instalar un nuevo molino; estamos a la cola de España en renovables; no hacemos absolutamente nada por investigar otro tipo de energías alternativas; a las propuestas de parques eólicos marinos, muy avanzadas en Europa, se les da con la puerta en las narices; Unelco pone todas las pegas del mundo a que los pequeños inversores enganchen a la red sus instalaciones fotovoltaicas; Tenerife se queda una y otra vez a dos velas… y a nuestros “sabios” no se les ocurre otra cosa que más petróleo, más gas y más macro centrales. Es en estas manos en las que se encuentra nuestro futuro energético.

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