Un sólo molino puede generar los 3 megavatios máximos.
Artículo publicado en Canarias7.es
Viento al final del túnel. Es lo que espera encontrar una ambiciosa propuesta que trata de cambiar la legislación autonómica para permitir que en Canarias se puedan adjudicar parques eólicos singulares que no tengan que esperar al eterno concurso eólico. La condición, sólo 3 megavatios por proyecto.
Artículo publicado en Canarias7.es
Viento al final del túnel. Es lo que espera encontrar una ambiciosa propuesta que trata de cambiar la legislación autonómica para permitir que en Canarias se puedan adjudicar parques eólicos singulares que no tengan que esperar al eterno concurso eólico. La condición, sólo 3 megavatios por proyecto.
Después de casi diez años sin adjudicación de potencia de energía eólica, las decenas de proyectos presentados al concurso regional convocado por el Gobierno de Canarias y atascado en una complicada operación judicial, duermen el sueño de los justos, o el de los más listos. Estos últimos parecen ser los municipios del sureste grancanario (Ingenio, Agüimes y Santa Lucía). Además de tener el viento por bandera, se han propuesto no parar hasta encontrar alternativas para las numerosas propuestas públicas y privadas que esperan la asignación de megavatios por parte del Gobierno de Canarias como agua de mayo.
Normativa. La idea es bien sencilla. Consiste, según explica la Mancomunidad del Sureste, en sacar adelante una proposición de ley que dé vía libre a la legislación autonómica actual para que autorice la adjudicación de pequeños parques eólicos, con un máximo de 3 megavatios cada uno, sin necesidad de pasar por el trámite de un concurso público. Esto supondría, por ejemplo, que los proyectos que optaran a conseguir la potencia deseada sólo necesitarían, como ocurre en Galicia, un periodo de información pública y un informe favorable para lograr la autorización preceptiva.
Para que su propuesta no se la lleve el viento, los alcaldes de la comarca han solicitado audiencia a todos los grupos parlamentarios con el fin de lograr que su proyecto sea respaldado y que una proposición de ley permita sacarlo adelante.
Los parques eólicos singulares, tanto públicos como privados, no son un invento nuevo. Dos comunidades autónomas con gran tradición en el aprovechamiento de los beneficios de Eolo (Galicia y Castilla La Mancha) llevan varios años desarrollando este tipo de instalaciones.
La semilla de la propuesta la trajo a Canarias Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, y representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en el grupo de trabajo creado por la federación nacional para dar respuesta a los vacíos legales de los parques eólicos. Las líneas argumentales de su exposición se dirigieron casualmente «a resaltar la necesidad de una normativa para los parques y líneas eólicas y de potenciar las energías alternativas».
Costes. A pesar de que un parque eólico no puede ser considerado un proyecto asequible a todos los bolsillos, sí es cierto que las instalaciones singulares amplían el espectro de posibles peticionarios. El coste aproximado de la concesión de un megavatio es de 1 millón de euros, lo que supone que el desembolso máximo nunca superaría los 3 millones. Esto significa que muchas de las uniones de empresas formadas para pujar en el concurso eólico ya no serían imprescindibles.
Hasta diez en la comarca del viento
El uso de las energías renovables, solar y eólica, no llega al 1% del gasto total energético del Archipiélago. Además, como recuerda Gilberto Martel, técnico del Instituto Tecnológico de Canarias, en una ponencia, «dependemos tanto del petróleo que incluso para fabricar las estructuras generadoras de energías renovables (placas solares y molinos), lo necesitamos».
Teniendo en cuenta el poco aprovechamiento de estos recursos, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria está a la cabeza de proyectos desarrollados con objeto de mejorar el uso de las energías renovables.
Aunque su caballo de batalla se centra en lograr la implantación de los parques singulares en todo el territorio canario, eso no significa que no se haya pensado ya en una planificación específica para una comarca que tiene en el viento su principal recurso natural.
La gerencia del ente ha informado que prevé que en el Sureste «diez parques de tipo singular servirían para atender la demanda global de energía de los tres municipios de la zona, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía».
En lo que se refiere a su ubicación, el espacio no es un problema. Todos los municipios cuentan con áreas de expansión de sobra y la tecnología actual permite que un solo molino puede tener una potencia de hasta 3 megavatios. Así, espacios disponibles se podrían encontrar en el Polígono Industrial de Arinaga y Los Llanos de Arinaga, en Agüimes, Llanos de Pozo Izquierdo, en Santa Lucía o Marfú y Cuesta Caballero, en Ingenio.
La Xunta, una apuesta pionera de rentabilidad asegurada
Desde el año 2001, la Consellería de Industria e Comercio de la Xunta cuenta con un decreto que avala la existencia en el territorio regional de los pequeños parques eólicos singulares.
Parecen estar en lo cierto los alcaldes grancanarios que afirman que el Archipiélago lleva diez años de retraso en lo que al aprovechamiento de las energías renovables se refiere. Y es que, desde 1995, el gobierno gallego dispone de una amplia normativa de aprovechamiento de energía eólica, que fija una exhaustiva ordenación de la oferta y que la integra en un marco limitado, tanto estructural como territorialmente.
Autoconsumo. En la definición de parques eólicos singulares, que en el caso de Galicia lleva en funcionamiento desde octubre de 2001, aparece como condición indisoluble la necesidad de que sean instalaciones «destinadas principalmente al autoconsumo de la energía producida». De hecho, los microparques deben acreditar que al menos un 30% de su producción anual se dedica de forma directa o indirecta a este tipo de abastecimiento, pudiendo, eso sí, verter el excedente a la red. Pero, en el caso de los parques municipales, sólo es necesario justificar el 10% de la producción.
Además de no poder tener una potencia superior a los tres megavatios, la competencia para su adjudicación, reside exclusivamente en el director general competente en materia de energía, debiendo existir previamente un informe favorable de la delegación provincial donde se sitúa territorialmente la instalación.
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