jueves, 15 de octubre de 2009

COMO EL ESTADO SE SALTA LA LEGALIDAD PARA INSTALAR OTRA INFRAESTRUCTURA EN UN BARRIO OBRERO.

La futura ubicación del puesto de mando del control de la inmigración en las costas africanas, el Frontex, en la Vega de San José ha puesto en pie de guerra a los vecinos del barrio, que al igual que el nuestro, tiene importantes carencias de servicios, y al que las instituciones eligen para ser sedes de importantes infraestructuras que no son las que demandan los vecinos y por el contrario restan equipameientos al barrio, en este caso100 aparcamientos, de los pocos con los que cuenta el mismo.

Además, con el agravante de que, como nos ocurrió con la Macro Cárcel, se saltan a la torera la normativa urbanística que debe de cumplir cualquier empresa o particular.

A continuación publicamos un artículo que nos remite un vecino de este barrio:

IMPOSICIONES.

José M. Balbuena Castellano

Es evidente que lo que predomina en Canarias es la "política de imposiciones", y no el escuchar lo que el pueblo demanda en sus protestas y reivindicaciones. Tenemos numerosas pruebas de la veracidad de estas afirmaciones. A lo largo de este mes de agosto se han producido en Las Palmas de Gran Canaria manifestaciones diarias en contra de la construcción de un centro del Frontex, situado en una espacio que se había habilitado como estacionamiento, frente mismo a la comandancia de la Guardia Civil.

Lo que la población de la zona de la Vega de San José no deja de ser razonable. En primer lugar la construcción es ilegal. No dan nuestros gobernantes ejemplo de lo que es cumplir con la legalidad y regirse por un estado de derecho (y eso lo hemos visto en otras actuaciones políticas en Canarias practicadas por dirigentes de los partidos más representativos) En segundo lugar, disminuyen los estacionamientos en la zona, o la posibilidad de que se construyera una plaza, y debajo de ella dos o tres pisos de garaje.

También alegan que en ese edificio del Frontex es posible que se coloquen antenas de comunicaciones que pueden emitir radiaciones peligrosas como las de los teléfonos móviles. Precisamente a estas protestas se han unido otras personas afectadas por el problema de las antenas de móviles.

En las vallas de las obras donde se trabaja ahora en la cimentación del edificio, se han colocado carteles en los que se indica que no cumplen la Ley. También le preguntan al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria que por qué mira para otro lado, cuando sabe que sin licencia no se puede construir. En otro de los carteles puede leerse:

"Paulino-Saavedra. Su obligación es cumplir y hacer cumplir la Ley. ¿Por qué con el Frontex en la parcela 22 no se cumple?", y debajo dice: "Silencio administrativo. Silencio político. Prevaricación. "¡Se les ve el plumero!" En otro se indica que con "Chovito, que se cumpla la Ley" y "Con el Frontex, miramos para otro sitio". Y apostilla con la palabra ¡Caraduras!.

No para ahí la cosa. No están de acuerdo en que se coloque un cuartel adosado a un grupo de viviendas dentro del casco urbano. ¿Qué clase de chapuza es esta, se han vuelto locos todos?, se preguntan y añaden:"No importa que no se cumplan multitud de leyes. ¿Expropiarán posteriormente todas las viviendas en su perímetro para la seguridad de su inmueble, o levantarán un muro divisorio? ¿Qué clase de "Premios Nóbel" diseñan la utilización de sus edificios y dotaciones?. ¡Todos suspendidos!. Chapuza!.

Otra de las preguntas que figuran en los numerosos carteles que se han puesto en las vallas dice: "Don Paulino Rivero. Si tan bueno es el Frontex, ¿por qué usted y el señor Zerolo se lo endosaron a Gran Canaria?". "No gracias. Pónganlo en el Teide. Esta obra no cumple la Ley".

Razonan los vecinos de la Vega de San José que ya en ningún país de la Unión Europeam, al menos los más desarrollados, no se ubican instalaciones militares dentro de los núcleos urbanos. Como siempre, aquí somos la excepción. Encontramos cuarteles, bases navales y otras instalaciones castrenses dentro del perímetro de la ciudad. ¡Y todos tan contentos!
Otro ejemplo de imposición, por la fuerza y no atendiendo a razones, lo encontramos en la construcción de una macro cárcel en las inmediaciones del Castillo del Romeral, donde no sólo no se atendieron las protestas de los ciudadanos sino que encima, como si estuviéramos aún en la dictadura (aunque, la verdad, para algunos han cambiando poco las cosas), se reprimieron las protestas duramente. El municipio de San Bartolomé de Tirajana resulta que es el más extenso de Gran Canaria. Hay otros lugares idóneos, lejos de núcleos urbanos, donde podía haberse ubicado esa prisión. Pero no. Tenía que estar allí donde más molestaba a los vecinos, a los cercanos humedales y fauna que allí se aloja, y a la zona eminentemente turística de esta isla, que ya no saben que hacer para deteriorarla más y más, en beneficio de quienes ustedes y yo sabemos.

Aunque existen otros muchos ejemplos de imposiciones y de rechazo a una democracia participativa, me referiré a la actitud del ayuntamiento de Las Palmas ante la protesta de los vecinos que viven en las cercanías del canódromo, entre Schamann y Escaleritas. Hubo una feroz oposición para que allí no se levantaran unas torres, incluso una sentencia que lo impedía. Pero la constructora, promotores e inversores hicieron caso omiso a la gente y a la justicia y construyeron el edificio. O sea, dan por hecho que ante los hechos consumados no pasará nada.

Yo me pregunto, ¿pero en qué país estamos?

Esto no es democracia, ni se parece siquiera.

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