LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ¿AL SERVICIO O CONTRA EL CIUDADANO?

Domingo Viera González
Presidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas de Gran Canaria.
　
A primera vista parece una pregunta innecesaria. La respuesta, en esto que hemos llamado "democracia", parecería obvia: hemos creado unas instituciones públicas para que trabajen para mejorar el bienestar de la ciudadanía, del lugar en el que vivimos, de la forma en la que nos relacionamos y organizamos socialmente, etc. y, sobre todo, para que se preocupen especialmente por aquella parte de la ciudadanía que, por diferentes razones, están en peores condiciones, o aquellos territorios que necesitan mayor protección, mayor esfuerzo de recuperación, etc.

Desgraciadamente nada más lejos de la realidad. De un lado, están los graves episodios ocurridos en relación con la nefasta construcción de la cárcel, durante los que pudimos ver cómo una institución pública, como es el Gobierno Civil, enviaba a otra institución pública, como es la Policía Nacional, para impedir que los vecinos y vecinas se manifestaran en contra de la misma expresando así un derecho reconocido en la Constitución e imponiéndoles multas económicas por ello.

A ello se le ha unido otra institución pública, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que, salvo honrosas excepciones, ha hecho mutis por el foro negándose a tomar las decisiones que tenía que tomar, a ponerse al servicio de los vecinos y vecinas como es su obligación y para lo que les han elegido.

Otra institución pública, el Cabildo Insular de Gran Canaria, sigue sin tomar cartas en el vertedero de Juan Grande, ya pasado de rosca en todos los sentidos de salud, medioambiental y de simples medidas elementales para organizar debidamente las basuras que allí se vierten a diario.

Y así podríamos seguir enumerando instituciones públicas que, por su misma naturaleza, nacieron para servir a la ciudadanía y, en la práctica, hacen actuaciones (no todas evidentemente) en contra de sus intereses y del medio en el que vivimos.

El último ejemplo (¿último?) que viene denunciando valientemente el Consejo Abierto de los Vecinos del Castillo del Romeral, es el que nos está ofreciendo la Demarcación de Costas, otra institución pública, que pasa de esa obligación tan elemental de informar a los vecinos de lo que piensa hacer al lado mismo de donde viven, en el mismo lugar en el que ellos han plantado, regado y cuidado tarahales y juncos para intentar preservar el poco espacio que aún nos queda, allí donde hay un lugar protegido para que aves migratorias puedan llegar, descansar y volver a marcharse, allí donde hay restos de una salinas que datan del siglo XVIII, allí donde hay unas piscinas que usan. Pues no. En lugar de informar previamente y lograr un consenso con la población afectada se plantan allí con tractores y camiones, improvisan una carretera, sacan callaos de la playa, destruyen plantas y restos de las salinas… Y aquella otra institución pública, la que debería estar más cercana a la ciudadanía, el Ayuntamiento, mirando para los celajes. O preparando las próximas elecciones.

La mayor parte de la responsabilidad la tenemos los ciudadanos. El poder y la capacidad de decidir se la damos nosotros. ¿Para qué?

Sigo convencido de que otro municipio es posible. Basta con quererlo y ponerse a ello.