Remitimos artículo que ha aparecido hoy en el maspalomasahora, y del que estamos investigando para explicar hoy en la Asamblea.
Nos hemos enterado tambien de que el Ayuntamiento tampoco ha presentado alegaciones contra la autorización ambiental para el vertedero.
Si todo esto es cierto, nos preguntamos ¿Quién nos gobierna?
Fuente: maspalomasahora.com
Como el Ayuntamiento no emitió el informe sobre la adaptación del proyecto de la cárcel de Juan Grande al planeamiento urbanístico en el plazo de un mes, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep) entiende que el mismo, por silencio administrativo, ha sido evacuado en sentido favorable.
El periódico Canarias 7 informó que el presidente de la Siep, Juan José Azcona Olóndriz, solicitó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con fecha del registro de entrada, 11 de marzo de 2008, que por la autoridad municipal competente se emitiera, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de esta petición, un informe sobre la adaptación del proyecto del Centro Penitenciario Gran Canaria II al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
Como ha transcurrido el plazo de un mes y el informe no ha llegado a la Siep, la entidad responsable de la construcción de la cárcel, aplicando la normativa que regula las obras públicas de interés general, lo considera evacuado en sentido favorable por silencio administrativo.
Precisamente la Ley 13/2003, de 23 de mayo, en su disposición adicional tercera, señala que “los proyectos de obras públicas de interés general se remitirán a la Administración urbanística competente, al objeto de que informe sobre la adaptación de dichos proyectos al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. Este informe se emitirá en el plazo de un mes, pasado el cual se entenderá evacuado en sentido favorable”, indica.
En el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana opinan que se trata de suelo rústico donde las competencias están delegadas en la Consejería de Medio Ambiente y que la autoridad competente en cualquier caso es el Gobierno canario.
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martes, 15 de abril de 2008
EL AYUNTAMIENTO DEJÓ VENCER EL PLAZO PARA RECHAZAR LA CÁRCEL
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3 comentarios:
es increíble lo que pasa en este municipio... y luego el Blas Ramón calladito y haciendo ver que está con nosotros en las asambleas... pero bien calladito como buen perrito faldero que se quedó el otro día al lado de su dueña mari pino torres (con minúsculas) que es lo que se merece... Que vas de amiga y lo que eres es una ladrona de nuestros votos.
A LOS VECINOS DEL CASTILLO
1º) Para aplicar la Disposición adicional tercera de la ley 13/2003 de 23 de Mayo, tendria que estar aprobado definitivamente el Plan territorial de instalaciones penitenciarias, que NO LO ESTA.
2º) Para aprobar el Plan de la carcel, tiene que estar aprobado el plan de sostenibilidad ambiental, que esta en información públicas durante 45 dias.y que luego daria lugar a la aprobacion el Plan General de Ordenación Urbana , ya que es perceptible según la ley 9/2006 de 28 de Abril.
Por lo tanto al no estar el Plan General de Ordenación aprobado, no existe Planes Territoriales Especiales, ( calificación del terreno donde se construya la cárcel ) .
LEY 13/2003 DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA art.- 2
“ La Administración del estado deberá colaborar con las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales a través de los mecanismos de coordinación y cooperación legalmente establecidos, a fin de articular la planificación y construcción de las obras públicas de interés general con los planes de ordenación territorial y urbanística. “
LEY 13/2003 DISPOSICION ADICIONAL CUARTA
“ Las Obras Públicas que se construyan mediante contrato de concesión se someterán al procedimiento de evaluación de impacto medioambiental en los casos establecidos en la legislación ambiental “
ACTA DEL SENADO
Boletín Oficial de las Cortes Generales ( Senado 11-07-07)
A la pregunta de D. José Macias Santana, Senador por Gran Canaria del Grupo Parlamentario Popular, sobre la masificación y estado del Centro Penitenciario Salto del Negro .
Respuesta.- dos últimos párrafos
“ En estos momentos se esta tramitando un Plan Territorial de Instalaciones Penitenciarias en canarias (PTEINPE) cuyo objeto es establecer la necesidad de ordenar los emplazamientos para los grandes sistemas generales públicos mediante planes territoriales especiales y la ordenación de estas infraestructuras con los aprovechamientos de recursos naturales de carácter hidrológico, minero, extractivo u otros.
El PTEINPE, que se ha redactado para la implantación de varias instalaciones destinada al uso penitenciario a fin de complementar las infraestructuras existentes, se encuentra en fase de aprobación inicial y comenzándole los trámites para conseguir el informe favorable de sostenibilidad ambiental “
PREFIERO SEGUIR LUCHANDO CON LA CABEZA ALTA , QUE NO CAMINAR CON LA CABEZA BAJA.
SEGUIREMOS LUCHANDO…………
Alienigena
Gran Canaria
5/04/2008 Actualizada a las 18:03
orres: "Las obras de la cárcel no pueden iniciarse hasta que se apruebe el Plan Territorial Especial"
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EFE
Las Palmas de Gran Canaria
La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, aseguró que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) no puede iniciar las obras de la cárcel de Juan Grande hasta que se apruebe el Plan Territorial Especial.
Estas declaraciones fueron efectuadas tras conocerse que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no emitió el informe sobre la adaptación del proyecto de la cárcel de Juan Grande al planeamiento urbanístico en el plazo de un mes.
Por ese motivo, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios entendió que cuenta con la aprobación por silencio administrativo.
La primera edil, en declaraciones a EFE, ratificó que la Sociedad Estatal envió un escrito que entró en el Registro Municipal el día 11 de marzo que otorgaba un plazo de 30 días para que el Ayuntamiento informara si el Plan General de Ordenación (PGO) contemplaba la cárcel en Juan Grande.
Explicó que el Consistorio no emitió el informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico en el plazo de un mes, ya que tres días después, el 14 de marzo, "recibimos al director de esa sociedad que coincidió con el desalojo de las oficinas municipales".
La alcaldesa informó verbalmente al representante estatal que "tardaríamos un poco más en contestar ante el problema del desalojo de las oficinas, pero que de todas maneras no estábamos fuera de tiempo porque no podrían mover absolutamente nada de nada, porque la sociedad estatal precisa de otros documentos".
En este sentido, indicó que debe disponer de la aprobación del Plan Territorial Especial para calificar el suelo rústico de la zona objeto de la construcción, y posteriormente clasificarlo con la denominación de sistemas generales para autorizar las obras.
"De esa manera es como único se podría construir la cárcel", precisó, cuestión para la que necesita por otra parte, la aprobación definitiva en el PGO, así como un informe de evaluación de impacto medio ambiental que no se ha presentado.
En febrero de 2008, recordó, la SIEP remitió al Ayuntamiento el avance del informe medioambiental al que el Gobierno municipal presentó alegaciones, al considerar que existen "tres grandes impactos" y se han propuesto un total de dieciséis medidas correctoras.
Torres subrayó que hasta ahora no se ha aprobado el estudio de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), condicionante para aprobar en el Consejo de Gobierno cualquier autorización para el movimiento de tierra que ya se produce en la zona desde hace unos meses.
La alcaldesa reiteró que "no hay ningún plazo corriendo" porque primero debe cambiarse la calificación de los terrenos en el Plan Territorial Especial y, "por tanto, no hay forma de que esos terrenos se pudieran mover".
Por ese motivo, la Alcaldía ha remitido un escrito al Gobierno de Canarias en el que pide la inmediata paralización de los movimientos de tierra que se llevan en la zona como administración competente en terrenos rústicos.
Ante la denuncia de los vecinos, el Ayuntamiento ha recibido incluso un requerimiento judicial en el que se le pide una explicación sobre la continuidad de las obras, a lo que contestó que las competencias en esta materia están delegadas al Gobierno de Canarias. EFE
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