El Parlamento Europeo ha aprobado hoy, con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, un informe de la comisión europarlamentaria de Peticiones que critica las prácticas de "urbanización masiva" en España, así como la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. El texto propone "suspender y revisar" todos los planes urbanísticos nuevos que no garanticen el respeto por la propiedad y advierte con interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema. Las islas y las zonas costeras mediterráneas españolas han sufrido una “destrucción masiva” en la última década, puesto que "el cemento y el hormigón han saturado esas regiones", critica el documento.
En las zonas costeras, denuncia el informe, existe un factor suplementario: la Ley de Costas. Según el Europarlamento, esta ley “afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos los complejos vacacionales”. Por este motivo, los diputados proponen una revisión urgente de esta norma.
El informe también recuerda a las víctimas de los "abusos urbanísticos", para las que exige una indemnización, y tacha de "alarmante" la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español.En este sentido, el documento, redactado por la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken, pide al Gobierno español y a los de las comunidades autónomas que lleven a cabo una “profunda revisión” de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de "poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones" recogidos en varios tratados internacionales.
Además, el Parlamento Europeo critica la "avaricia" y la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, "que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
Los eurodiputados han recordado que la Comisión está facultada a suspender la provisión de fondos estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida. Además, el informe señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en la reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para convencer a un Estado miembro de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar.
Suspender planes urbanísticos
Por otra parte, la Eurocámara considera que 
las autoridades regionales competentes deberían “suspender y revisar” todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente. Los Ejecutivos de las regiones también deberían "detener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario".
las autoridades regionales competentes deberían “suspender y revisar” todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente. Los Ejecutivos de las regiones también deberían "detener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario". El informe fue aprobado por el pleno -reunido esta semana en Estrasburgo (Francia)- después de que los eurodiputados rechazasen las resoluciones alternativas presentadas por el grupo socialista y varios europarlamentarios populares.
Los eurodiputados rechazaron el texto de los socialistas con 72 votos a favor, 436 en contra y 44 abstenciones. La propuesta de los eurodiputados populares, que se votó en primer lugar, obtuvo 126 votos a favor frente a 393 en contra.
Ésta es la tercera vez que el pleno de la Eurocámara se posiciona sobre este tema. La primera fue en diciembre de 2005 (informe Fortou) y la segunda tuvo lugar con una resolución aprobada en junio de 2007.
1 comentario:
Nice blog. Cool pics! :)
Luminata
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